PGN OBTIENE REPARACIÓN DIGNA POR MÁS DE Q1 MILLÓN EN EL CASO DENOMINADO FRAIJANES II
Por: Comunicación Social PGN
El fraude de Q10 millones 300 mil por un contrato celebrado de Q17.4 millones por la remodelación del Centro de Detención Fraijanes II, el caso que inició en el 2010 y que ligó a proceso a Salvador Gándara, exministro de Gobernación y cinco personas más quienes recibieron sentencia esta semana.
Los sindicados: Oscar Humberto Andrade Elizondo, Rene Lizardo Marroquín Ramazzini, Juan Diego Lainfiestas Cajas, Oscar Mauricio Vásquez Ramírez, Estuardo Efraín Vidal Mayorga, y Salvador Gándara admitieron su participación de los hechos, por lo cual fueron condenados a través de un procedimiento abreviado.
El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro impuso penas de prisión y multas. Además, la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Abogacía del Estado Área Penal pidió una Reparación Digna a favor del Estado de Guatemala que asciende a Q1 millón 450 mil 724 quetzales con 78 centavos la cual servirá para la reparación de la Cárcel Fraijanes II.
La PGN solicitó al juez que ordene el cumplimiento de la misma, que la supervisión de la reparación de la cárcel esté a cargo del Ministerio de Gobernación. Esto para garantizar que se cumpla con la colocación de los materiales aprobados por los ingenieros estructurales del MINGOB en las condiciones autorizadas. Además, que informe cada dos meses a la Procuraduría General de la Nación de los avances en el cumplimiento de la Reparación Digna.
Precedente
El caso Fraijanes II se originó por la firma de un convenio entre el exministro Salvador Gándara y la ONG Fundtech, que a su vez contrató a la empresa Serdiconstru para ejecutar el proyecto de remodelación del Centro de Detención Fraijanes II. Esta obra se sobrevaloró para beneficiar a las empresas involucradas, a cambio de obtener altas comisiones y así defraudar al Estado.
La Contraloría General de Cuentas reveló anomalías en los procesos de contratación y en la ejecución del proyecto. También reveló las actuaciones tanto de la ONG como de algunos funcionarios del ministerio de Gobernación del 2009.
Esto se puso al descubierto en la investigación realizada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).