La Procuradora General de la Nación, Annabella Morfín, explicó a los integrantes de la Comisión Extraordinaria por la Transparencia del Organismo Legislativo la situación actual del proceso de nulidad que se inició por el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ).

De momento “no han contestado la demanda, porque hay un conflicto de jurisdicción y en tanto no se defina la competencia del tribunal, no puede continuarse con el trámite de la demanda”, indicó Morfín.

Por otro lado, descartó “la posibilidad de una transacción, porque eso implicaría reconocerle valor jurídico a ese contrato y por cuestión de principios debe declararse su nulidad”.

La funcionaria comentó a los parlamentarios que el presidente de la República autorizó analizar la viabilidad de la propuesta que se presentó oportunamente. Por lo tanto, se recaudará información de todas las instancias competentes, ministerios de finanzas, economía y comunicaciones, para establecer una ruta de acción.