La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia -PNA-, de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, reporta un incremento en las denuncias por vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes -NNA- durante el mes de junio de 2025. Según el sistema estadístico institucional, se registraron 2,659 denuncias, lo que representa un aumento de 300 casos respecto al mismo mes del año anterior.
Estas denuncias reflejan la afectación directa a 4,322 NNA en todo el país, cifra que supera a los 3,827 niñas, niños y adolescentes atendidos en junio de 2024. El registro contempla datos provenientes de las 23 Delegaciones Regionales de la PGN y de las sedes de la PNA en el departamento de Guatemala, lo que brinda una visión nacional del fenómeno.
Entre los derechos más vulnerados destacan el derecho a la protección contra el maltrato y el derecho a la integridad, siendo estos las principales causas que motivan la intervención de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia.
En la mayoría de los casos, los jueces competentes ordenan medidas de protección, y las niñas, niños y adolescentes son entregados a familiares o se integran a familias sustitutas, con seguimiento por parte de profesionales especializados de la PGN.
Los departamentos con mayor número de denuncias durante junio fueron: Guatemala, Quetzaltenango y Chiquimula. Por su parte, las niñas y niños incluidos en las denuncias provienen frecuentemente de los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz y Quetzaltenango.
Este aumento en los reportes evidencia no solo una mayor identificación de casos y la confianza en la institución para denunciar, sino también la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y atención para la protección integral de la niñez y adolescencia en el país, empezando desde el ámbito familiar, pues en más del 75 % de los casos, son los mismos progenitores quienes vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La PGN reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez guatemalteca y hace un llamado a la denuncia oportuna, al fortalecimiento de las redes de protección a nivel local y a los padres de familia o tutores legales a cumplir con su responsabilidad de proteger integralmente a sus hijas e hijos.
