En lo que va del año 2025, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA) de la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha atendido 522 denuncias relacionadas con explotación económica de niñas, niños y adolescentes.
De estas, 54 corresponden a casos de mendicidad forzada y 468 a situaciones vinculadas con trata y explotación laboral. 278 hacen referencia a hombres y 244 mujeres, principalmente entre los 10 y 17 años.
Los departamentos con mayor número de denuncias son: Guatemala, Quetzaltenango y Totonicapán.
La institución advierte que, detrás de muchas formas cotidianas de trabajo infantil, pueden existir dinámicas de explotación económica que ponen en riesgo la integridad de la niñez y adolescencia. Entre las modalidades más frecuentes se encuentran:
- Trabajo en tortillerías, tiendas de barrio o pequeños comercios.
- Participación de niños y adolescentes en actividades de mendicidad forzada en calles y mercados.
- Casos de trata de personas vinculados a menores que piden dinero en semáforos.
- Lustrado de zapatos en condiciones abusivas o sin supervisión adulta.
Además del daño físico, estas prácticas vulneran gravemente el desarrollo emocional, educativo y social de la niñez y adolescencia. El abandono escolar, la normalización de la violencia, la exposición a redes criminales y la pérdida de oportunidades futuras son solo algunas de las consecuencias más frecuentes.
La prevención inicia en el hogar. Padres, madres y cuidadores deben informarse y comprender que permitir o promover actividades que vulneren los derechos de sus hijos e hijas puede derivar en procesos de protección e incluso responsabilidades legales.
PGN hace un llamado a la población a denunciar cualquier forma de explotación económica que afecte a niñas, niños y adolescentes. Las denuncias pueden realizarse las 24 horas del día, durante todo el año, a través de:
- www.pgn.gob.gt
- La línea telefónica 1584,
- o acudiendo a cualquiera de las Delegaciones Regionales de la Procuraduría General de la Nación en el país.
Proteger a la niñez y adolescencia es una responsabilidad compartida, y cada denuncia contribuye a prevenir que más niñas, niños y adolescentes vean vulnerados sus derechos humanos.
