Hoy, la jueza Erika Aifán, del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, condenó a nueve empresarios vinculados en el caso denominado Construcción-Corrupción, por el delito de cohecho activo. La pena impuesta consiste en cinco años de prisión conmutables a razón de Q25 y Q100 diarios, y una multa de Q100 mil a Q500 mil.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Abogacía del Estado Área Penal, fue la encargada de llevar este proceso y exigió una Reparación Digna de Q35 millones 828 mil 457 con 47 centavos a favor del Estado de Guatemala, a parte de la pena impuesta.

Apoyo interinstitucional

“A PGN como abogado del Estado se nos pidió realizar una propuesta de Reparación Digna en este proceso, el cual buscó no solo una sentencia sino un resarcimiento por el daño moral ocasionado a la sociedad guatemalteca, consistente en reparación de tramos carreteros, entrega de equipos topográficos, bacheo de carreteras y construcción de una escuela”, enfatizó el licenciado Eliseo Solís, representante de la Abogacía Penal de PGN.