Representa al Estado de Guatemala en procesos de carácter laboral en que sea parte demandante o demandado, planteando las acciones que en derecho correspondan, asumiendo la defensa de los intereses del Estado en los procesos de esta naturaleza promovidos en contra de los Ministerios, Secretarías y demás entidades que integran el Organismo Ejecutivo, desde su inicio, trámite, incidencia y finalización jurídica.
