Una llamada al teléfono de turno de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Procuraduría General de la Nación -PGN- transformó la vida de *Rosita (nombre ficticio), una mujer de 39 años con discapacidad que se encontraba en situación de abandono.
“La encontramos en su dormitorio totalmente aislada, un tanto depresiva. Ee notaba la falta de alimentación, nosotros procedimos a actuar de manera administrativa; en primera instancia, recabamos todas las pruebas, dejando evidencia de la situación en la que se encontraba”, indicó la licenciada Aura Cifuentes, profesional jurídico de la Unidad.
Desde pequeña, *Rosita sufrió el rechazo de su familia biológica y fue adoptada. Aunque su hermano adoptivo de 72 años le proporcionaba un hogar, no le ofrecía los cuidados necesarios para su bienestar, particularmente en el tratamiento para la esquizofrenia, una condición que requiere medicación y atención continua.
“Nosotros le dimos seguimiento al expediente, lamentablemente ella fue en decadencia, nuestros hallazgos fueron que el hermano no asumía la responsabilidad en su totalidad porque indicaba que no era su familia, pero se le orientó legalmente, pues desde el momento que había una adopción, era la persona responsable”, agregó la licenciada Cifuentes.
La intervención de los profesionales de la PGN inició en noviembre de 2023. Aunque se priorizó que *Rosita permaneciera con su familiar, conforme a lo establecido en ley, su estado físico se deterioró notablemente; por lo que, en junio pasado se gestionó su ingreso a un centro psiquiátrico privado, en donde le han dado seguimiento a su situación.
Cuando *Rosita fue trasladada pesaba 58 libras; actualmente, su peso es de 80 libras. En este período ha ganado 22 libras, y los cambios en su apariencia son notables. Ahora se le ve sonriente y estable, pues esta intervención ha mejorado significativamente su calidad de vida.
Es preciso mencionar que, la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, Decreto No. 135-96, protege los derechos de este grupo vulnerable, quienes deben ser cuidados por sus familiares. En caso de incumplimiento de esta obligación, los familiares podrían caer en negligencia o algún delito.
“A nosotros como PGN nos corresponde remitir la denuncia ante el Ministerio Público. Ellos pueden incurrir en dos delitos; incumplimiento de deberes y asistencia, que tiene una sanción o una prisión de años. O bien, el abandono de personas desvalidas”, puntualizó la licenciada Cifuentes.
