Las personas adultas mayores forman parte de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, por lo que se han creado leyes para proteger sus derechos y asegurar que reciban una atención digna. Algunas de las leyes vigentes son: Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad y la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, además, la Constitución Política de la República de Guatemala.
La Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, en el Artículo 1, indica que el Estado debe garantizar y promover el derecho de los adultos mayores, para que vivan en condiciones adecuadas que les ofrezcan educación, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica geriátrica y gerontológica integral, recreación y esparcimiento, así como los servicios sociales necesarios para una existencia útil y digna.
No obstante, en el Artículo 9, también establece que es obligación de los familiares asistir y proteger a los adultos mayores. El deber recae, en primer lugar, sobre el cónyuge y, posteriormente, en los parientes más cercanos, siguiendo el orden de descendencia establecido por la ley. Sin embargo, en muchas ocasiones son los mismos familiares quienes vulneran sus derechos.
Por esa razón, la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Procuraduría General de la Nación, ha brindado atención a 79 adultos mayores, del 1 de enero al 18 de marzo de 2025. Entre ellos, 41 hombres y 38 mujeres.
Mientras que, el año pasado se contabilizaron 372 casos. Las causas principales de atención, son: maltrato, abandono y temas administrativos.
Ante esta situación, es importante que la población denuncie cualquier hecho que ponga en riesgo la vida o los derechos de las personas adultas mayores, para ello pueden comunicarse al número 1584, extensiones 2018 y 2020 o por medio de WhatsApp al: (+502) 3068- 8538.
