La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia – Ley PINA- establece que las Niñas, Niños y Adolescentes -NNA- tienen derecho a la educación, cultura, deporte y recreación. No obstante, en muchos casos, los padres de familia se enfocan únicamente en el ámbito educativo y restan importancia a los espacios recreativos, los cuales son importantes para el desarrollo integral de sus hijos.
Según la profesional en psicología Wendy Dávila, de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia -PNA-, privar a los NNA de su derecho a la recreación puede limitar sus habilidades cognitivas, emocionales, sociales y físicas. Esta situación incrementa el riesgo de exclusión y vulnerabilidad.
“Si un niño no tiene contacto con el entorno, le estamos limitando la capacidad para socializar. Esta falta de interacción incrementa los riesgos a nivel cognitivo y emocional. La salud mental puede verse afectada por la depresión, ansiedad y baja autoestima. Lamentablemente, se están viendo este tipo de diagnósticos en niños de 5 o 6 años”, enfatizó la licenciada Dávila.
Beneficios de la recreación
Por otro lado, las niñas y niños que desde temprana edad gozan de este derecho, desarrollan capacidades intelectuales y autoconfianza, lo cual mejora el estado de ánimo y reduce los niveles de estrés.
En ese sentido, la profesional señaló: “Es fundamental promover este derecho, ya que garantizamos el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, y fortalecemos su autonomía. Además, fomentar este aspecto dentro del entorno familiar puede proteger a los niños de riesgos de abuso, ya que desarrollan la capacidad de comunicar cualquier situación de peligro que enfrenten”.
Añadió que promover este tipo de actividades no implica un gasto elevado; acciones sencillas como salir a comer un helado, jugar en el parque o incorporar juegos de mesa en el hogar son igualmente efectivas y contribuyen a fortalecer la seguridad emocional de la niña o el niño.
Vulneración al derecho a la educación
En Guatemala, existen casos en los que niñas, niños y adolescentes no gozan del derecho a la recreación, pero tampoco reciben educación, una situación alarmante, porque limita todas las áreas del desarrollo y, en muchos casos, los NNA tienen retardo en el crecimiento.
Durante el primer trimestre de este año, la Procuraduría General de la Nación -PGN- recibió 625 denuncias por vulneración al derecho a la educación. En respuesta, los equipos multidisciplinarios brindaron el seguimiento correspondiente e implementaron acciones orientadas a la restitución de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia.
